En los últimos años, América Latina ha experimentado un aumento en la fiscalización de los precios de transferencia, impulsado por las reformas tributarias globales lideradas por la OCDE y el G20. Estas reformas, particularmente los Pilares 1 y 2 del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), buscan garantizar que las multinacionales paguen impuestos donde realmente generan sus ingresos y fomentar un sistema fiscal más equitativo y eficiente a nivel global.
El Pilar 1 pretende redistribuir los derechos tributarios de las empresas multinacionales, asignando beneficios a los países donde se encuentran los consumidores, y no solo donde tienen sede. El Pilar 2, por su parte, establece una tasa mínima global del impuesto corporativo del 15%, con el objetivo de evitar que las empresas utilicen paraísos fiscales para reducir artificialmente su carga tributaria.
En América Latina, países como Guatemala están comenzando a tomar medidas para adaptar sus legislaciones a estos estándares. Guatemala ha implementado regulaciones sobre precios de transferencia desde 2013, buscando garantizar que las transacciones entre empresas relacionadas se realicen a valores de mercado. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en la adopción de los Pilares 1 y 2, principalmente debido a la falta de capacidad técnica y la infraestructura tributaria necesaria para implementar estas reformas de manera eficiente. A pesar de esto, Guatemala ha mostrado interés en alinear sus políticas con los estándares internacionales para fortalecer su sistema fiscal y mejorar su recaudación.
Por otro lado, Brasil ha dado un paso significativo hacia la adopción del Pilar 2, con la presentación de una propuesta de ley en 2023 para incorporar la tasa mínima global en su legislación nacional. Este movimiento busca modernizar su sistema tributario y atraer más inversiones internacionales, al tiempo que fortalece su colaboración con la comunidad internacional en la lucha contra la evasión fiscal.
La implementación de los Pilares 1 y 2 en América Latina enfrenta desafíos como la resistencia política y las limitaciones en la infraestructura tributaria de algunos países. Sin embargo, la cooperación internacional y los avances en la modernización de las leyes fiscales, como los que se observan en Brasil y el interés de países como Guatemala, son indicativos de una mayor transparencia y equidad en la región.
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